El crecimiento en 2026 según el FMI

Argentina crecerá al 4% en 2026 afirma el FMI en su reporte de actualización de las perspectivas de la economía mundial . Es un valor por encima del promedio mundial, que sería del 3,3% y que para la región latinoamericana y caribeña pronostica en 2,2%, con Brasil creciendo al 1,6% y a México con el 1,5%. Por encima del promedio mundial se destacan China con el 4,5% y la India con el 6,4%. Argentina aparece entre los pocos países que presenta un crecimiento elevado respecto del promedio mundial. Lo curioso es que las informaciones oficiales de Argentina señalan 21-046 empresas cerradas entre noviembre de 2023 y mismo mes de 2025, recordando que la gestión Milei comenzó en diciembre 2023. En la misma fecha, dos años de gestión se han perdido 272.607 puestos de trabajo regularizados, tanto del sector privado como del estatal. La gestión Milei se caracteriza por el ajuste fiscal, por eso los despidos en el sector público; pero también por la reestructuración del modelo productivo y de desarrollo, lo que explica las cesantías en el sector privado. Muchos de esos despedidos aparecen en las estadísticas como “cuentapropistas” y por eso no aumenta en demasía el índice de desocupación. Buena parte de esos trabajadores/as por cuenta propia son parte de la economía de plataforma, sin seguridad social, con disminución de sus ingresos regulares y contribuyendo a desfinanciar la seguridad social, especialmente el régimen jubilatorio. Una de las tendencias de la economía capitalista contemporánea es la precarización laboral. El país es parte de esa característica creciente en el empleo mundial. Reorganización productiva regresiva Argentina crece aun con cierres de empresas y cesantías de trabajadoras y trabajadores. La explicación podemos encontrarla en la reorganización económica del país. El país viene transformando su estructura industrial, que además de abastecer al mercado interno intentaba competir en el mercado mundial, incluso, siendo parte de cadenas globales de producción, caso de alimentos o automotrices. La novedad es el abandono de ese proyecto industrial para su transformación en la producción y circulación de bienes comunes. Se trata de la producción primaria para la exportación, sea agro-ganadera, energía o minería, a lo que se suma la llamada economía del conocimiento y la actividad financiera. Todas actividades subordinadas a la dominación del capital transnacional concentrado. Estos sectores explican el crecimiento económico del país. El dato relevante es la caída del sector manufacturero y la inversión en obra pública y privada asociada a esa dinámica de producción. Estos sectores concentran los perjudicados del modelo impulsado por la gestión Milei. La valoración del FMI y del oficialismo remite al mito del crecimiento económico, sin diferencias beneficiarios y perjudicados. El nuevo rumbo de producción y circulación no es generador de empleos suficientes para atender la demanda laboral de millones de personas desafectadas del modelo anterior. Adicionemos que el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur favorece el cambio del modelo productivo y de desarrollo en curso, potenciando una inserción subordinada de Argentina en la provisión de bienes comunes, agudizando la demanda financiera que acrecienta la deuda pública. El nuevo modelo productivo y de desarrollo potencia la fuga de capitales, limitando las posibilidades de reproducción de una dinámica económica que satisfaga ingresos de la mayoría empobrecida de la población. No es una contradicción el crecimiento pronosticado con los cierres de empresas y las cesantías, son consecuencias lógicas de la política económica en curso. Alternativa como asignatura pendiente Más allá de los pronósticos, el interrogante remite a los consensos electorales de un programa reaccionario. La respuesta es política y está asociada a las insatisfacciones del modelo anterior, que más allá de especificidades políticas en distintos turnos de gobierno, la promesa de resolver la comida, la educación o la salud no se materializaron luego de cuatro décadas entre 1983 y 2023. El programa de la dictadura genocida, a medio siglo de instalado, parece hacerse realidad en el presente. Las expectativas sociales de 1973/75 han mutado en el descrédito de las tradicionales propuestas políticas de la historia argentina. La mediana es de 32 años en Argentina, es decir que la mitad de la población tiene más de esa edad o menos de esos años. La parte de los menores constituyen una nueva generación en la búsqueda de horizontes civilizatorios, que además, lo hacen en un momento del desarrollo global de ofensiva del capital y de la ultraderecha, muy diferente a lo que acontecía hacia 1973/75. Es una asignatura pendiente de la política local y global construir el horizonte de transformación social más allá del rumbo por las ganancias y la acumulación capitalista que nos devuelve la realidad en esta tercera década del Siglo XXI. Buenos Aires, 19 de enero de 2026

El golpe a Venezuela desnuda los objetivos de política exterior de Trump

La intervención estadounidense sobre Venezuela el pasado 3 de enero y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores expresan la ofensiva de Donald Trump y su equipo para sostener una estrategia política al interior de EEUU y en el sistema mundial. En efecto, al interior crecen las dificultades económicas y políticas que dificultan el consenso electoral del medio turno en 2026. Sea por la suba de precios en la canasta de consumo cotidiano, el bajo crecimiento económico, como el impacto negativo de la represión a inmigrantes, agravada con el asesinato reciente a sangre fría de una mujer, junto a la difusión de información que asocia al presidente estadounidense con el sonado caso de explotación sexual de Epstein. Incluso, respecto de Venezuela no existe consenso masivo, ni del sistema político ni de la sociedad. Respecto del sistema mundial, está claro que EEUU intenta en este turno de gobierno recrear los mecanismos de dominación mundial, asentando su poder de base en el continente americano. Así lo afirma en su documento sobre seguridad difundido en noviembre del 2025. La región latinoamericana y caribeña resulta esencial para la estrategia de dominación global, por eso, no solo Venezuela, sino Colombia y México, y claro, especialmente Cuba. En ese marco se inscribe su objetivo por hacerse del control de Groenlandia. El propósito apunta a subordinar aún más a Europa y especialmente, intentar cerrar el camino a la inserción de China y sus aliados en la región. Una tarea compleja, casi imposible, derivada del creciente desarrollo de las fuerzas productivas en China, que le disputan a EEUU el proceso de producción y circulación económico en el ámbito global. La revolución objetada Venezuela es la expresión del intento más destacado de cambio del rumbo que el capitalismo imaginaba para la última década del siglo XX. El derrumbe soviético pronosticó el “fin de la historia y del socialismo”, vociferando el triunfo capitalista contra cualquier intento alternativo en contra del régimen del capital. La liberalización de las relaciones económicas fue la política oficial del gran capital, en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad. Ese fue el programa del Consenso de Washington (CW) en los ´90 del pasado siglo. Las luchas populares desde el caracazo a la asunción presidencial de Hugo Chávez, marcan una década de estímulo a variadas luchas en el continente que habilitan un tiempo de cambio político en toda la región, que con el involucramiento de Cuba habilitan la recreación de la perspectiva por el socialismo, del “siglo XXI” o “comunitario”, incluso propuestas del “vivir bien” o el “buen vivir”, junto a propuestas de economía comunitaria y autogestionaria, o formas comunales de ejercicio de la participación popular en la toma de decisiones sobre la construcción social imaginada. Fueron muchas las innovaciones institucionales (CELAC, UNASUR, Integración no subordinada, etc.) y simbólicas para reconstruir la subjetividad social consciente y un programa favorable al cambio social, entre ellos el anticolonialismo, el anticapitalismo y el antiimperialismo, claro que matizados según sea la acumulación de fuerzas en cada país y que proyecto político se imponía como hegemónico. Los acuerdos de Venezuela y Cuba a fines del 2004 (ALBA) radicalizaron la perspectiva por el socialismo, alternativa a quienes mantenían expectativas sustentadas en “reformas por la distribución” en el marco del capitalismo. El antiguo dilema de “reforma o revolución” poblaba los debates políticos e intelectuales. Una nueva experiencia por la revolución tenía que frenarse antes de su extensión. Por eso los golpes de nuevo tipo, en Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, junto a nuevas propuestas con sustento electoral de la derecha, con aval explícito de EEUU. No había fin de la historia y la lucha de clases se manifestaba desde Caracas a Chiapas, de Bolivia al Sur del continente y se generaron condiciones de posibilidad para recuperar un horizonte de “patria grande”. Ese proyecto político debía ser frenado, por lo que se desplegó una fortísima iniciativa política de las burguesías locales y los grandes capitales que diputan la plusvalía generado en nuestros países. Entre el aliento a programas reaccionarios de la ultraderecha y los límites del progresismo se organizó la dinámica de “guerra económica” para desestabilizar la orientación anticapitalista en Venezuela, sí, pero con el objetivo de ir por Cuba. Lo esencial sigue siendo la disputa del poder Mucho se discute sobre el acontecimiento del 3 de enero y sus consecuencias en la región, en EEUU y en el ámbito mundial, ya que no puede analizarse la ilegal acción estadounidense en un marco de crisis capitalista. Lo que está en discusión es el orden mundial, en desorden desde el momento que se instalaron “sanciones unilaterales” emanadas desde Washington y aceptadas por la hegemonía del orden capitalista surgido luego de 1945. Ese orden está en discusión e interesa discernir sobre una perspectiva alternativa en contra del capitalismo. Desde mediados del siglo XIX ese programa era la revolución por el socialismo, con experiencias que acumularon en ese derrotero hasta la desarticulación de la URSS. La región latinoamericana y caribeña generó expectativas de transformaciones revolucionarias a comienzos del siglo XXI, con novedades respecto de lo acontecido en la tradición por la revolución socialista. La expectativa también se asienta en el Sahel, en África y en las luchas de los pueblos de todo el mundo. Es un tiempo de recreación de la teoría y práctica de la revolución, asumiendo la experiencia previa y renovando la crítica al capitalismo en función de los cambios acaecidos en las relaciones de explotación y saqueo que propicia el gran capital transnacional concentrado. Se trata de mantener una estrategia de acumulación de poder popular, que aparece en las nuevas formas de sindicalización y organización de trabajadoras y trabajadores que hacen parte de la irregularidad en el empleo, articulando con variadas formas de organización y lucha de la población que vive de la venta de su fuerza de trabajo y que organiza la reproducción cotidiana más allá de la hegemonía del orden mercantil monetario y la ley del valor. Aludimos a variadas formas de lucha en defensa de las reivindicaciones del movimiento de trabajadoras/es, de las luchas ambientales en contra de la devastación sistémica del capitalismo, como contra toda forma de discriminación y racismo. Lo definitivo en nuestro tiempo es la organización y lucha popular en la construcción de una estrategia de poder en contra y más allá del capitalismo. 9 de enero de 2026

Los logros políticos de Milei y la masacre social

Milei termina el año con Presupuesto 2026 aprobado y una legislación para inducir la inclusión de “dólares del colchón” en el sistema financiero. Son dos cuestiones esenciales en la lógica del gobierno. El presupuesto era demandado por el poder mundial, los acreedores externos, el FMI, el Tesoro de EEUU, los futuros inversores internacionales y el poder local a ellos asociado. Todo el poder clamaba por “seguridad jurídica y política”, algo logrado con el resultado electoral del medio término (26/10/25), incrementado con la cooptación de legisladores de otros partidos, que convirtieron al oficialismo en la primera minoría en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo parlamentario iniciado el 10/12/25. Esa minoría fue incrementada en el Senado de la Nación, gracias a negociaciones con gobernadores, quienes instruyeron a sus representantes a acompañar el objetivo del gobierno nacional por aprobar el Presupuesto 2026. Hay que recordar que La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional, no gobierna ningún distrito. Por eso sostenemos que la aprobación de la Ley de Presupuesto es un logro político, que se ofrece al poder económico, local y mundial como la capacidad de disciplinar al sistema político, a la democracia realmente existente. Al consenso electoral social le suma un amplio consenso legislativo. Hemos sostenido que no importa tanto la veracidad de las cifras contenidas en el Presupuesto aprobado, ya que lo destacable es la capacidad de haberlo hecho aprobar, luego de dos años, 2024 y 2025, de funcionamiento sin el instrumento presupuestario. Más allá de los datos del Presupuesto, la realidad es la continuidad de la política de austeridad fiscal, de ajuste sobre el gasto público. Además, obtiene la autorización para endeudarse en divisas bajo legislación extranjera, imprescindible para acceder a recursos que puedan utilizar a los fines de cancelar vencimientos imposibles de resolver sin la suficiente acumulación de reservas internacionales. Como tienen límites para acceder al mercado financiero mundial, insisten con los “dólares del colchón”, y por eso la Ley de inocencia fiscal. La inocencia fiscal actualiza los montos del régimen penal tributario, que pasan de 1,5 millones de pesos a 100 millones como límite para la evasión simple, unos 68.000 dólares aproximadamente al tipo de cambio oficial actual. Para la evasión agravada el límite se corrige desde los 15 millones a los 1.000 millones de pesos, equivalentes aproximados a 680.000 dólares. Quien tenga esas divisas sin declarar, podrá depositarlas en los bancos sin que estos demanden explicación del origen de esos fondos, los que podrían venir de actividades ilegales, caso del narcotráfico u otros delitos asociados al capitalismo criminal. Al ingresar al sistema financiero, esas divisas estarán reflejadas en las cuentas públicas, contribuyendo al acrecentamiento de las reservas internacionales. Esa es la preocupación gubernamental por lograr la aprobación de la ley, oportunamente presentada por el Diputado oficialista José Luis Espert, enjuiciado por vínculos y negocios con el narcotráfico. Ante las dudas de la banca, el Ministro de Economía salió a ofrecer a quienes tengan dólares no declarados, la disponibilidad del Banco de la Nación Argentina (BNA), el mayor banco del sistema, para receptarlos ante cualquier negativa de otras entidades financieras. No es un dato menor para un gobierno liberal libertario hacer evidente la capacidad de intervención directa sobre una empresa bancaria, en este caso el BNA. Ambas leyes constituyen un logro para la política oficial, que auguran la continuidad de la masacre social. Por un lado, consolida la continuidad del ajuste fiscal que impacta en los ingresos de las/os estatales, el gasto en la salud y la educación pública, entre muchos derechos contenidos en el gasto presupuestario. Por el otro, asegura condiciones para la rentabilidad del capital más concentrado, junto a la impunidad que supone el perdón ante la regularización por la tenencia de divisas no declaradas oportunamente. Todo acontece en el marco de una tendencia recesiva, especialmente de la actividad económica orientada al mercado interno, con cierres de empresas y despidos, además de verificarse una merma en las inversiones externas directas en el 2025. Es una apuesta gubernamental revertir esa situación en el 2026 y siguientes años, para hacer realidad el repunte del capitalismo que imaginan los liberales libertarios. La cuestión de fondo pasa por el consenso político de la sociedad, que trasciende lo logrado en las elecciones de octubre o en el congreso en diciembre. En efecto, el 2026, año sin elecciones y con impacto regresivo por el incremento de precios sostenido desde medio año, el descontento social puede crecer y transformarse en protesta extendida que discuta los consensos que enarbola el oficialismo. Claro que no alcanzará con la extensión del conflicto social y que será necesario, que al mismo tiempo que se critica, se construya una propuesta alternativa al rumbo del gobierno y sus cómplices en el sistema político. En todo caso, ¡esa es la aspiración y nuestro deseo para el 2026, por lo que nos despedimos deseando un feliz año nuevo! Buenos Aires, 29 de diciembre de 2025

Milei festeja autorización presupuestaria para una mayor deuda en 2026 (publicado en Perfil, en: https://www.perfil.com/noticias/opinion/milei-festeja-un-presupuesto-mayor-para-endeudarse-mas-en-2026.phtml

El gobierno Milei celebra la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, pese a que le rechazaron un capítulo que era esencial para la gestión liberal libertaria. La intención oficialista era anular por ley una importante cantidad de gasto público contenida en el financiamiento universitario, la discapacidad y deudas a provincias, entre otras. Todo contenido en el capítulo 11 del proyecto de ley de Presupuesto. La disputa política parlamentaria impidió ese objetivo y muchos especularon con un potencial veto presidencial a la ley de presupuesto. Sin embargo, el gobierno igual festeja, porque el mayor gasto contemplado al no eliminar los contenidos del capítulo 11, pasará por la lógica de la “motosierra”, es decir, por la continuidad y profundización del ajuste fiscal. Se festeja que, por primera vez, pasados ya dos años de gestión, el gobierno tendrá ley de presupuesto, una exigencia de los organismos internacionales, de acreedores y potenciales inversores. El Presupuesto otorga legalidad y legitimidad a los actos de gobierno, precondición de la seguridad jurídica demandada por el gran capital. No importa la “seriedad” de las cuentas presupuestadas, sino el instrumento en general. Más aún, la ley de presupuesto contiene la autorización para una deuda externa de legislación extranjera por el equivalente de 36.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. De ese modo, el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo al endeudamiento, y con eso intentar suplir la ausencia de disponibilidad de divisas para hacer frente a los vencimientos del próximo año. La presión del FMI y los acreedores apunta a fortalecer las reservas internacionales, que tienen un saldo negativo. El gobierno no compra divisas para evitar el alza del tipo de cambio y su traslado a precios, conteniendo uno de los principales activos políticos gubernamentales en la baja de la inflación. Ahora, con el cambio de la política cambiaria, Milei y Caputo se comprometen a comprar divisas, dicen: 10.000 millones de dólares. Claro que la corrección en las bandas cambiarias favorece un proceso de devaluación que puede impactar en la suba de precios. En ese marco y para evitar otros problemas, el gobierno requiere de manera urgente el ingreso de divisas para enfrentar vencimientos de la deuda pública externa. Lo ideal, señalan desde el oficialismo, es el ingreso de inversores para la producción y exportación de bienes comunes, en el agro, la minería o la energía. Ante las dificultades para el ingreso genuino de divisas, sea por una balanza comercial positiva insuficiente o vía inversiones externas, el atajo es el ingreso de deuda, un condicionante histórico desde la genocida dictadura (1976). Una deuda pública que ha sido reestructurada en todos los turnos constitucionales desde 1983, excepto en las condiciones de rebelión popular a fines del 2001. Por eso, el modelo productivo y de desarrollo capitalista local, bajo gestión Milei, se sostiene en un carácter primario exportador, más la financiación externa, potenciando la dependencia y subordinación al régimen del capital. No alcanza entonces con algunos traspiés en la actividad parlamentaria. El desafío para otro rumbo económico se asienta en el accionar popular de confrontación a la política oficial, en la búsqueda de una alternativa política: una asignatura pendiente. La deuda pública es la condición de posibilidad para mantener expectativas socio políticas mientras se avanzan en reformas estructurales que demandan inversores externos y el gran capital, especialmente la reforma laboral. En ese marco, la lucha social actúa como antídoto y hace inestables los logros electorales y parlamentarios, al tiempo que se asume como práctica y experiencia hacia una nueva identidad político social que les otorgue sentido a las aspiraciones populares. Buenos Aires, 22 de diciembre de 2025

¿Estabilidad o inestabilidad monetaria y cambiaria? Nota publicada en Página12, en: https://www.pagina12.com.ar/2025/12/16/estabilidad-o-inestabilidad-monetaria-y-cambiaria/

La relación de los países de América Latina y el caribe con el dólar estadounidense es diversa, siempre en un marco de dependencia financiera y económica. Más allá del debilitamiento actual de la divisa hegemónica en el ámbito mundial y las tendencias a la desaceleración de la economía de EEUU, los países de la región sufren la dependencia del dólar. Hay países dolarizados de vieja data, como Panamá desde comienzos del siglo XX; otros desde comienzos del siglo XXI, como Ecuador o El Salvador; mientras que otros transitan caminos de dolarización creciente o con una tendencia al uso de la doble moneda, la local y el dólar, casos de Argentina, Venezuela o Cuba. En situación intermedia, con diferentes grados de soberanía monetaria existen países con fuerte vínculo económico dependiente con EEUU, caso de México; por su parte, Brasil protagoniza la novedad del nuevo polo de articulación global en los BRICS+. Este espacio intenta construir una relativa autonomía en diferentes ámbitos de la economía, el comercio y las finanzas, especialmente China, que crece a partir de la interdependencia lograda, en conflicto, con EEUU en las últimas cuatro décadas. Región vulnerable y dependiente De una manera u otra, en todos los países de la región latinoamericana y caribeña se procesan diferentes grados de vulnerabilidad a los vaivenes del dólar, la fijación de la tasa de interés por la Reserva Federal, y las definiciones de política nacional desde Washington, como producto de la disputa hegemónica de EEUU con China. Es una disputa que se procesa comercial, económica y financieramente ante la inserción creciente de China en la economía regional desde su papel acrecido globalmente durante el siglo XXI. Por eso, EEUU aceleró las medidas agresivas de su política exterior, no solo en lo atinente a la suba de aranceles desde abril de 2025, sino agravando sanciones unilaterales de violencia explícita, especialmente hacia Cuba y Venezuela, lo que incluye acciones militares de cerco agrupando contingentes militares en el Caribe y profundizando el bloqueo a Cuba y amenazas a Colombia. Junto a las sanciones, se despliega una campaña ideológica política favorecida por el poder concentrado de medios y redes de comunicación, algunos de los cuales intervienen en la desestabilización cambiaria (“dólar blue” en Argentina, “Dolartoday” en Venezuela, “elToque” en Cuba). El manejo monetario y cambiario en nuestros países está en el centro de los debates teóricos y de política económica, especialmente desde la crisis del endeudamiento en los ´80, y con procesos inflacionarios en los ´70/´80 del siglo pasado. Fue un tiempo de generalización de planes de estabilización promovidos por los organismos internacionales, con graves consecuencias para el crecimiento y el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de nuestras sociedades. Son los años de los ´80 como década pérdida según la CEPAL. Ante la crisis de las políticas de fortalecimiento de los mercados internos y la industrialización sustitutiva de importaciones (subordinada), de los ´50/´80, se promovió un cambio del régimen de acumulación capitalista, consolidando en los ´90 una apertura dependiente a la dinámica de la internacionalización de la producción y la transnacionalización del capital. Se destacó en los ´90 el Consenso de Washington (CW) y su decálogo a favor de la iniciativa privada y la baja del gasto público social. Eran tiempos de fin de la bipolaridad global entre capitalismo y socialismo, por lo que se fortaleció una fortísima ofensiva del capital en contra del trabajo, incluyendo el aislamiento de Cuba que definió una política defensiva bajo el “periodo especial” y un nuevo régimen monetario y cambiario. La política cambiaria en la región osciló entre tipos de cambio fijo, bandas cambiarias, dolarización y libre flotación en el marco de las metas de inflación que asumieron una parte mayoritaria de los bancos centrales. Intentos limitados de cambio Las reaccionarias políticas de estabilización de los 80/90 generaron resistencias populares que desafiaron la hegemonía “neoliberal” y habilitaron un tiempo de expectativas por cambios progresivos en las dos primeras décadas del siglo XXI. Cuba encontró nuevos socios regionales para volver a discutir políticas articuladas de integración productiva, comercial y financiera. Se destaca la suscripción de acuerdos bilaterales con Venezuela a fines del 2004, en tiempos que ésta verbalizaba su proyecto por el “socialismo del siglo XXI”. Una integración ampliada a otros países y a una diversidad de propuestas por políticas con pretensión de independencia. En la década siguiente, entre 2005 y 2015, se habilitaron expectativas de cambios económicos con variados proyectos de transformación en la producción y circulación de bienes y servicios, que no prosperaron por límites propios e insuficiencias de los proyectos políticos y la contraofensiva de los poderes locales, especialmente del accionar de EEUU. Todo aconteció en el marco de la crisis 2007/09, la asunción presidencial de Donald Trump en 2017 y las condiciones generadas por la pandemia desde 2020. En ese marco, el cambio político regional encontró serios límites ante la creciente presencia de la ultraderecha en la disputa de los gobiernos, casos de Brasil y Argentina, más allá de las expectativas generadas desde México y las revueltas juveniles de Chile y Colombia. Hay disputa de rumbo en la región y el límite de los procesos de cambio fueron condicionados al no avanzar en profundas transformaciones de las relaciones de producción, lo que habilitó el accionar de iniciativas de los poderes locales y mundiales en diferentes planos. Uno remite a las condiciones estructurales del orden capitalista, que empuja a la creciente mercantilización y a la subordinación a la hegemonía del dólar en un marco de guerras comerciales, monetarias y financieras. Otro apunta a una renovada reorganización productiva que fomenta la producción exportadora de bienes primarios en el sur de la región y a una dinámica subordinada de ensamble en el norte, especialmente México. Finalmente interviene la manipulación del consenso social vía medios y redes sociales en tiempos de digitalización económica. Lo esencial y la manipulación Lo sustancial pasa por las relaciones capitalistas de producción y su carácter monetario mercantil, las que inducen determinados comportamientos sociales mediados por acciones ideológicas y propagandísticas sostenidas por el poder económico en tiempos de innovación tecnológica y manipulación de los consensos. Desde ciertos portales se potencia la inestabilidad cambiaria y se manejan las expectativas sociales induciendo referencias cambiarias que definen el acceso a divisas escasas en países que intentan contradecir la lógica hegemónica del capital y de EEUU, que incentiva y recrea una política para la región latinoamericana y caribeña de espacio propio en la disputa global. El tema es grave porque esa manipulación mediática interviene en la fijación de los precios a partir del tipo de cambio y afecta la calidad de vida de la población sin acceso a las divisas, potenciando la dependencia. Los ingresos populares en moneda local y los precios al alza en función del tipo de cambio manipulado genera una desigual e inequitativa distribución del ingreso y la riqueza, condicionando cada vez más la capacidad autónoma de una política soberana a contramano del régimen del capital. La región necesita retomar un rumbo de integración no subordinada que confronte con el régimen del capital y busque caminos de manejo autónomo de su política económica, de ingresos, fiscal, monetaria, cambiaria. Ello supone una importante acumulación de poder popular que otorgue sustento político social a la construcción de un proyecto en contra y más allá del capitalismo. Buenos Aires, 15 de diciembre de 2025